- Las virtudes no reconocidas del Presidente Peña Nieto fortalecido y AMLO sin frutos de la captura de Duarte.
Hoy en día es de lo más natural criticar al Presidente Peña y convertirlo en el vivo ejemplo del “mal gobierno” por errores y desaciertos cometidos en su administración, claro está, pero también por la transformación de la figura presidencial en una especie de personaje al cual se le puede culpar de cualquier calamidad que acontezca en el país.
Naturalmente, el indicador de “peor político” es encabezado por el Presidente más por “gajes del oficio” que por errores personales, ya que, al analizar las grandes crisis del sexenio –Ayotzinapa y la fuga de El Chapo– es posible ver que estos asuntos no dependen directamente del actuar del Presidente, sino de los delegados de dichas responsabilidades, atribuciones y capacidades, como en el caso del Gobernador de Guerrero.
El control de los penales y de los reos de más alta peligrosidad recae en la Secretaría de Gobernación, la cual, al inicio de la administración presente, absorbió las atribuciones de la SSP (Secretaria de Seguridad Pública) para darle más “dientes”; así, Miguel Ángel Osorio Chong es directamente más responsable de la fuga de El Chapo que el Presidente.
De igual forma, Ángel Aguirre –ex Gobernador de Guerrero– tiene mayor responsabilidad en la crisis de Ayotzinapa que el Presidente. No hay que olvidar que el máximo trofeo del calderonismo: El Chapo, fue capturado y re-capturado en el sexenio de Peña.
Se nos olvida que uno de los enemigos públicos número uno en el sexenio calderonista fue Elba Esther Gordillo, a quien Calderón no pudo enjuiciar por haberle ayudado a llegar a la presidencia gracias a la estructura magisterial; el gobierno de Peña la encarceló.
A mi criterio, la Casa Blanca ha sido el único error grave del Presidente en el sexenio, fuera de ello hay muchas fantasías en cuanto a responsabilidades.
Haciendo esta rápida reflexión política, nos encontramos ante una circunstancia donde, por primera vez desde hace mucho tiempo, se le reconoce al Presidente y a su administración el actuar en términos de combate a la corrupción.
La captura de Javier Duarte es lo más presente en la mente de los ciudadanos del país y, de manera paralela, el Presidente obtiene alertas positivas en aprobación a su labor y calificaciones altas, además de una reducción de malquerientes en “peor político” y un fortalecimiento del PRI con advertencias positivas en intención de voto por partido para la presidencia e identificación partidista.
Algunos analistas promueven la idea de que el arresto de Duarte fue pactado para beneficiar al PRI en el proceso electoral que estamos atravesando, y podrían tener algo de razón.
Desde la lógica pragmática de un partido que busca conservar el poder, es necesario manejar las “fichas” inteligentemente para sacar el mejor provecho de una situación determinada, a esto se le llama cálculo político.
La sociedad mexicana reclamaba el arresto de Duarte, un Gobernador que se indigestó de corrupción y el cual se había convertido en alguien indefendible, inclusive para sus propios correligionarios.
Al lograr la consolidación de una detención en temporada electoral se envía un mensaje de que no se tolerará tal comportamiento dentro de la organización política, y esto parece haber dado resultados, ya que entre quienes benefician al presidente se encuentran los habitantes de Coahuila, un estado en plena sucesión de Gobernador.
Los pactos y las negociaciones entre criminales de alto nivel para hacerlos hablar acerca de sus redes y conseguir inmunidad a familiares y cercanos, no es nada nuevo y tampoco ilegal, de serlo así el programa de testigos protegidos sería contrario a la ley.
El Presidente supo aprovechar los tiempos y esto parece haberle beneficiado, mientras que AMLO no capitalizó lo acontecido a pesar de haber hecho premoniciones de que Duarte lo acusaría de recibir dinero de él sin antes haber llegado a México.