La eficacia profesional suele morir a las puertas de un despacho oficial o en la bandeja de entrada de un asesor. – Javier Somalo

 

Hoy, en el repaso paulatino de los datos que nos ofrece SABA Consultores sobre el sentir ciudadano, corresponde tocar una cuestión que a veces no es lo suficientemente ponderada: el de una de las auténticas y últimas funciones del Estado tal como debe entenderse en la actualidad. Me refiero a la atención a sus ciudadanos.

 

Volvemos, por tanto, a un tema que, amargamente, ya hubimos de tratar la pasada semana: el del retorno de los impuestos por parte del Estado en forma de servicios y redistribución de la riqueza. Y, aunque en las próximas semanas seguiremos por esta senda, en esta ocasión lo haremos a través de cuatro materias muy puntuales, analizando el deseo o no de los mexicanos de la reposición de servicios como las estancias infantiles, los tratamientos para los niños con cáncer, los refugios para mujeres y el seguro popular.

 

Y me temo que, por enésima vez, con la iglesia hemos topado, tanto en términos figurados en lo que respecta a los asuntos mencionados como literalmente, en otros que veremos más adelante. Y es que de nuevo nos encontramos con la flagrante contradicción entre el apoyo mayoritario y casi ciego a AMLO y a la 4T, y el claro desacuerdo con muchas decisiones. En los cuatro casos mencionados el deseo de la vuelta de esos servicios es prácticamente unánime, llegando al 97,2 % tanto en los tratamientos para el cáncer como en los refugios para mujeres, al 92,8 en cuanto a las estancias infantiles, y quedándose en un 89 % en lo referente al seguro popular.

 

Los datos son demoledores, y no debe extrañar, pues a tales preguntas directas lo sorprendente es que haya gentes, aunque sean en porcentajes casi marginales, que se oponga a la restitución de ciertas prestaciones. Lo que sí debe llamarnos la atención es que nadie interiorice que los gestores que está aplaudiendo y apoyando ciegamente son aquellos que eliminaron lo que a pregunta directa no dudan en pedir que regrese.

 

Vamos a intentar hacer algún acto de fe. El primero, bastante grande, asumir que AMLO ya pasó y que no va a interferir en las políticas de su sucesora. También que esas políticas van a ser diferentes, puesto que pudiera ser que la interferencia fuera permanente y “de nacimiento”, en forma de réplicas de las ya conocidas políticas de la 4T. Finalmente, que aunque su sello sea distinto, lo que haga Claudia sea mejor que lo hecho el sexenio pasado, y no suceda aquello de que otro vendrá que bueno me hará. De momento, es cierto que Sheinbaum está dando señales de atender determinados problemas. En materia de salud, concretamente, va a acometerlos con la contratación de médicos y la digitalización del sistema, entre otras medidas. Vamos a ver cómo le resulta. Porque también es cierto que se halla enmarañada con la reforma judicial y otros dimes y diretes de tinte político. A los que se suma, para colmo, el problema añadido de la relación con Trump, que es posible que no estuviera ni previsto.

 

Nos encontramos de nuevo, y por eso digo que topamos con la iglesia, con el eterno problema de las decisiones políticas y las técnicas. Si estuviéramos en manos de gentes con la debida formación para su puesto otro gallo nos cantaría. Mientras estemos en manos de personajes que lo someten todo al cálculo político estaremos perdidos. Supongamos que, como dijo don Enrique, ningún gobernante se levante pensando en joder a los ciudadanos. Y que las decisiones políticas sean bienintencionadas. Lo lógico sería que su implementación corriera a cargo de los técnicos en la materia correspondiente, que darían el visto bueno a la viabilidad de tal o cual proyecto. Lamentablemente, los puestos técnicos están siendo, en todas partes, colonizados cada vez en más medida por personas que están ahí no por su competencia, sino por su afinidad.

 

Un ejemplo a este lado del Atlántico. Cierta ministrilla de no sé qué cosa fue cazada, en una junta dedicada supuestamente a gestionar las trágicas inundaciones, con unas notas encabezadas con la siguiente frase: “Este es nuestro momento”. No merece ni comentario, salvo que quienes nos gobiernan no tienen ningún interés por nuestro bienestar, ni acaso por nuestra supervivencia. Nos gobiernan nuestros enemigos, inocuos para lo necesario, inicuos para todo lo demás. Siento decir que da la impresión no de que estén en connivencia con el crimen, sino que ellos mismos son el pillaje organizado. Y en ese sentido, no podemos dejar de lado la actualidad y claro que, como siempre, está ligada a la ola de violencia que sufre México. La nota roja es tan tupida y variada que no es necesario entrar en detalles.

 

Resulta que la Iglesia católica, y aquí nos la topamos de forma literal, a la vista de la grave inseguridad, redobla sus mensajes contra las autoridades y propone reuniones para intentar atajar la situación. En el recurrente y eterno debate sobre la separación de Iglesia y Estado, habrá quien diga que aquélla es oportunista, pero es difícil sostenerlo cuando los propios sacerdotes mueren a pie de tierra. Es más, el clero en zonas de conflicto, desconfiado por razones históricas, ve las conversaciones con bastante recelo. Pero además, por muy anticlericales que seamos, es notorio que muchas coberturas básicas que serían obligación del Estado las asume la estructura de la Iglesia, sobre todo en las comunidades más desfavorecidas.

 

Decía Agustín de Foxá, no sin razón, que las raíces católicas hispanas nos llevan a ir siempre detrás de los curas, unas veces con un cirio y otras con un garrote. Pero es verdad que hay sobrados ejemplos de cómo sacerdotes y hasta obispos han pagado caro en México su coraje por plantarle cara al crimen o a ciertas autoridades, incapaces o desinteresadas en ejercer su debido control territorial. Sin embargo, y al margen de la oportunidad o no de la intervención de la autoridad eclesiástica, lo cierto es que el problema de la seguridad pública es una agonía sin aparente final que está dejando al Estado cada vez con menos pulso.

 

Los asuntos tocados hoy no son sino síntomas de un progresivo repliegue estatal de sus funciones y en consecuencia de un abandono de los ciudadanos, dejándolos al mero albur de unas dádivas. Parece necesario recordar que la principal virtud de los datos de SABA no es la predicción, en ese caso serían un mero análisis post mortem. Es la anticipación. Así que, al analizar esta información, creo que procede seguir el consejo de Julián Marías y no preguntarnos tanto qué va a pasar, sino qué vamos a hacer al respecto. Esa es la pregunta clave y perentoria.